La Policía investiga a dos profesores de la UCA que se hicieron un chalet con dinero para investigación

0
2007

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas como investigados a los que se les imputa la presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Los dos principales investigados son un matrimonio, profesores de la Universidad de Cádiz (UCA), los cuales se valieron de su cargo como responsables de las correspondientes aéreas donde gestionaron en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente fueron desviadas a fines ajenos, para beneficio propio y el de terceros. Entre los detenidos e investigados se encuentran varios empresarios de Sanlúcar de Barrameda. 

La investigación realizada por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017 a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz  tras la denuncia presentada por la Universidad de Cádiz tras detectar que un grupo de empresarios había incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz (FUECA). 

Las primeras pesquisas realizadas permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos habrían ido a parar a la financiación de la construcción de una lujosa vivienda particular situada en la exclusiva Urbanización de Vistahermosa del Puerto de Santa María.  Los principales investigados resultaron ser dos profesores de la universidad que  contaron con la ayuda de empresarios dedicados, en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar, quienes habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción de la vivienda, a la Universidad de Cádiz y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz indistintamente, modificándose convenientemente los conceptos de éstas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas. 

La Universidad de Cádiz, en su papel fiscalizador y haciendo de intermediaria de los fondos, autorizó el abono de dichos pagos en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario que nunca llegaron a materializarse, para el cual habían sido concedidas las subvenciones públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.

Fruto de las gestiones practicadas y del análisis de los datos obtenidos, los agentes especialistas en delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico han podido determinar que el dinero desviado del  erario público supondría una cantidad superior a los 730.000 euros, de los cuales casi 700.000 fueron defraudados a través de la Universidad de Cádiz  y la Fundación Universidad Empresa de Cádiz  y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén. 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here