Llevan a los tribunales el nombramiento de Zaragoza como refuerzo Antidroga para la comarca

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04/06/2019 El fiscal Javier Zaragoza, durant la seva intervenció en el torn de les conclusions de la Fiscalia en el judici pel procés al Tribunal Suprem. POLITICA SEÑAL DE TV DEL TRIBUNAL SUPREMO

La Asociación de Fiscales (AF) presentará un recurso contra el nombramiento del fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo contra el narcotráfico en la Zona de Campo de Gibraltar. El fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña, ya hizo pública su discrepancia con la decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, de realizar este nombramiento “ilegal e improcedente”.

Según la nota de prensa hecha pública este lunes por la asociación de fiscales, el recurso se presenta “a fin de que los Tribunales determinen si dicho nombramiento ha sido efectuado sin respetar las funciones que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) reserva a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional”.

El propio Noreña salió a principios del mes de marzo al paso de noticias difundidas en algunos medios de comunicación en las que se le acusa de una falta de eficiencia en la zona de Campo de Gibraltar que ha obligado a la fiscal general, Dolores Delgado, a nombrar a Zaragoza como refuerzo.

Según el decreto de designación, el actual fiscal del Supremo desarrollará esta labor en cooperación y “sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación”.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press mostraron su sorpresa por el comunicado de Noreña, y señalan que el origen del desencuentro puede encontrarse en las formas utilizadas por Delgado para realizar la designación del fiscal de refuerzo, ya que no se comunicó convenientemente al actual jefe de Antidroga.

En todo caso, las mismas fuentes coinciden con la fiscal general en la necesidad de propiciar un refuerzo de la coordinación con Madrid, la Audiencia Nacional y la actividad fiscal en la zona.

Frente a estas informaciones, Noreña aduce que la Audiencia Nacional carece de competencias propias para investigar y juzgar delitos de blanqueo de capitales que no estén directamente vinculados a un tráfico de drogas competencia de dicha Audiencia –artículo 65 LOPJ–, por lo que no es factible tratar de que asuman aquellas investigaciones si no concurre tal conexión.

Tras conocer la decisión de la AF –la mayoritaria en la carrera fiscal-, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha salido en defensa de fiscal Zaragoza. “Defendemos en esa idea de fiscalía moderna, el valor y la capacidad de compañeros como Javier Zaragoza, y el de otros y otras fiscales que no deben ver puesta en duda su capacidad y competencia por ese permanente intento de dañar la imagen de nuestra institución”, ha afirmado en un comunicado.

La UPF recuerda que es “exigible una mínima lealtad institucional” y destaca que “si bien la crítica es siempre admisible, pierde toda su fuerza cuando únicamente se tachan de arbitrarias las propuestas que no corresponden a los intereses ideológicos o asociativos de los críticos, pero no las demás”.

Así, ve “reprochable” esos “intereses particulares” que están por encima de la concepción de “una fiscalía solidaria y transversal en la cooperación en la lucha contra el delito”.