Sanitarios exigen a la Junta la derogación de la orden que “ataca a derechos laborales”

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Concentración del Punta de Europa.

Sindicatos de los trabajadores sanitarios del Hospital Punta de Europa de Algeciras se han manifestado esta mañana para mostrar su rechazo a la orden publicada por la Junta de Andalucía que se establecen nuevas medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria. Entienden que esta decisión afecta a “derechos laborales básicos” y exigen su derogación inmediata.

Representantes de CSIF, UGT, CCOO, Sindicato Médico Andaluz y Satse han firmado un manifiesto que se ha leído para dejar clara su postura y pedir la derogación de la orden y que se abra la negociación para un nuevo acuerdo. Los trabajadores entienden que se vulneran “claramente una serie de derechos básicos del personal del Servicio Andaluz de Salud”.

Hasta el momento, no hay ningún acuerdo por lo que los sindicatos anuncian que realizarán este tipo de movilizaciones cada martes y jueves a las puertas de los hospitales de Andalucía

El responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, ha expresasdo “los profesionales de la sanidad pública, que se dejan la piel día a día en unas condiciones excepcionales por la pandemia, no se merecen este trato discriminatorio y humillante por parte de la Administración, eliminando permisos, vacaciones y descansos, y permitiendo traslados forzosos y obligando a realizar turnos, con la excusa de la pandemia, como si los trabajadores fuéramos máquinas y no tuviéramos familias”.  

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció la Orden de 8 de noviembre de 2020 publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por la que se establecía nuevas medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria. Entre las medidas, las hay relativas a contrataciones, al régimen de permisos, vacaciones y licencias, así como en materia de jornadas de trabajo, turnos y descansos: todo ello queda supeditado a la garantía de prestación del servicio. Los sindicatos, en pie de guerra, no descarta interponer acciones judiciales.